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Planes de opciones sobre acciones de España: normativa y beneficios

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La reforma de la normativa relativa a las opciones de compra de acciones, eje del nuevo plan favorable a las startups del Gobierno español

España ha adoptado una nueva legislación que pretende revisar el régimen fiscal de las empresas emergentes en el país, siendo un relajamiento de la normativa y de las regulaciones relativas a las opciones de compra de acciones una de las principales características del plan.

La ley de empresas emergentes, o «ley de startups», del Gobierno, el cual entró en vigor oficialmente el 1 de enero de este año, incorpora una serie de medidas destinadas a ayudar a relajar el entorno fiscal y burocrático de empresas nuevas y jóvenes, con vistas a situar España a la vanguardia de la Unión Europea como lugar atractivo para los inversores, el espíritu empresarial y el talento.

Un pilar clave de este plan global es la reforma de la normativa actual en materia de opciones sobre acciones para las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad especificados en la legislación.

Normativa anterior para las opciones sobre acciones

Anteriormente, en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas española, todos los empleados a los que se concedían opciones sobre acciones se enfrentaban a una posible tributación a la hora de ejercer el derecho de opción de compra de las acciones y, de nuevo, al vender las acciones.

Cuando un empleado ejercía su opción de compra de acciones, debía tributar por la diferencia entre el precio de ejercicio acordado en el momento en que se le concedió la opción de compra de acciones y el valor razonable de mercado de las acciones en el momento de su adquisición formal. De este modo, si a un empleado se le concedía una opción de compra de 200 acciones de la empresa a un precio de ejercicio de 10 euros y ejercía esa opción de compra más tarde, cuando las acciones tenían un valor de 15 euros, la deuda tributaria se calculaba a partir de la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de las acciones en el momento de ejercer la opción de compra, es decir, -5 euros. (Solo a efectos ilustrativos).

Sin embargo, los ingresos derivados del ejercicio de la opción de compra de acciones hasta un valor de 12 000 € en cualquier año natural se consideraban exentos de tributación, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, como que las opciones se concedieran en las mismas condiciones a todos los empleados.

Además, cada vez que un empleado vendía sus acciones, estaba sujeto al impuesto de plusvalía.

Cambios introducidos por la «ley de startups»

Lo primero que hay que dejar claro sobre estos cambios es que están específicamente dirigidos a las startups, es decir, a las empresas emergentes. Las empresas que conceden opciones a los empleados pero que no cumplen los criterios de elegibilidad seguirán operando al amparo de las normas establecidas anteriormente.

Para beneficiarse de la nueva normativa, las empresas deben cumplir los criterios siguientes:

  • Tener unos ingresos anuales de hasta 5{sp}millones de euros
  • Al menos el 60 % de los empleados deben residir en España
  • No deben tener más de cinco años de antigüedad (siete años para empresas de determinados sectores, por ejemplo, biotecnología o energía)
  • Ser independientes de otras empresas, es decir, ser una entidad totalmente autónoma
  • No cotizar en bolsa
  • No distribuir dividendos
  • Haber recibido la denominación de empresa "innovadora" por la Empresa Nacional de Innovación PYME (ENISA)

En el momento en que las empresas cumplan con estos puntos, podrán acogerse a todos los elementos del plan general.

Entre los ajustes clave sobre cómo gestionar las opciones sobre acciones se encuentran los siguientes:

  1. Ya no se produce un hecho imponible en el momento de ejercerse el derecho a la opción de compra. En lugar de ello, el impuesto solo se devenga cuando las acciones se venden posteriormente o si la empresa se convierte en una entidad que cotiza en bolsa, lo que ocurra primero. En caso de que no se produzca ninguno de estos supuestos, la legislación prevé que el impuesto se devengue 10 años después de que el particular haya adquirido las acciones en cuestión.
  2. El límite anual de 12 000 euros de exención fiscal con respecto al valor de las acciones ejercitadas ha aumentado a 50 000 €, lo que supone un incremento superior al 300 %.
  3. Ahora hay más flexibilidad en cuanto a las normas que rigen la creación de acciones en autocartera para las sociedades de responsabilidad limitada.
  4. Se ha dado a las empresas un mayor margen de maniobra a la hora de decidir a quién desean incluir en un plan de opciones, es decir, para poder optar a un tratamiento fiscal favorable ya no es necesario que se ofrezcan las mismas condiciones a todos los empleados.

Entre otras de las medidas de la legislación diseñadas para fomentar un entorno que facilite la actividad empresarial, la innovación, el talento individual y el desarrollo de startups se encuentran las siguientes:

  1. El porcentaje del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes se han reducido del 25 al 15{sp}% durante los primeros cuatro años después del primer registro de ingresos imponibles.
  2. Se prevé el aplazamiento de los pagos del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes (durante 12 meses y seis meses, respectivamente) durante los dos primeros ejercicios en los que se registren ingresos imponibles.
  3. El importe máximo deducible para inversiones en empresas emergentes se ha elevado, pasando de 60 000 a 100 000 € anuales, mientras que el porcentaje también se ha incrementado, pasando del 30 al 50 %.

Opciones sobre acciones frente a las pensiones

Todos estos cambios ponen de relieve por qué las opciones sobre acciones se han vuelto mucho más atractivas que los planes de pensiones personales en los últimos tiempos. Incluso antes de que se dieran a conocer las propuestas de la «ley de startups», el atractivo de las opciones de compra de acciones había aumentado en virtud de los cambios previamente anunciados en el régimen fiscal español de las pensiones individuales.

La Ley de los Presupuestos Generales para 2021 y 2022 redujo significativamente los beneficios sometidos a reducción fiscal ofrecidos para los planes de pensiones: el umbral bajó de 8000 € a 2000 € el año pasado y se redujo a 1500 € este año. En consecuencia, muchos han pasado a contemplar otras alternativas para asegurarse un mejor futuro financiero o complementar sus ingresos.

En este contexto, y más aún a la luz de los cambios que se esperan en un futuro próximo, ahora es el momento de que las empresas estudien la introducción de planes de opciones de compra de acciones para los empleados, ya que es probable que tal iniciativa satisfaga tanto sus propias necesidades como las de los empleados.

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